EL PROBLEMA CATALÁN (3)

b) La historia que nunca se explica.

A falta de descendientes, los principales aspirantes a suceder a Carlos II eran Felipe de Anjou, nieto de Lluís XIV y Maria Teresa de España (en virtud del matrimonio acordado en la paz de los Pirineo de 1659 para perpetuar y asegurar la “paz pública de la Cristiandad”) y el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo y de Mariana (hija de Felipe III). 

La candidatura de Felipe contaba con el apoyo incondicional de su abuelo, Lluís XIV de Francia, mientras que la candidatura de Carlos era apoyada por Inglaterra, Holanda y, lógicamente, por Austria que compartían el temor a que la unión de Francia con España consolidara una hegemonía francesa en Europa que no deseaban.

A las postrimerías de la vida de Carlos II, las intrigas y maquinaciones de los partidarios de unos y otros fueron extraordinarias. El caso es que el rey, ya moribundo, a instancia del cardenal Portocarrero, firmó un testamento aceptando como heredero a Felipe en detrimento de las aspiraciones de Carlos cuyos partidarios tildaron el testamento de sospechoso desde el primer momento y se negaron a aceptarlo, al extremo de que el archiduque fue proclamado rey de España en Viena por los aliados (Inglaterra, Holanda y Austria) con el nombre de Carlos III y el emperador Leopoldo envió un memorial al Papa reivindicando la corona española para su hijo.

Muerto Carlos II, Felipe, de acuerdo con la voluntad discutida del difunto, fue coronado rey de España y por consejo de su abuelo Lluís XIV convocó las Cortes Catalanas en Barcelona. Durante las sesiones que tuvieron lugar entre el 12 de octubre de 1701 y el 14 de enero de 1702, Felipe recibió el juramento de las Cortes y, a su vez, juró las Constituciones y otros privilegios de Cataluña, dando permiso por primera vez a los catalanes para comerciar con América, de forma que la sucesión parecía haber quedado resuelta a plena satisfacción de todo el mundo. Ferran Soldevila, en su Historia de Cataluña (1962), recoge el testimonio del que fue virrey de Aragón, Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), según el cual “los catalanes consiguieron todo aquello que deseaban, porque ni a ellos los restó nada para pedir, ni al rey cosa especial para concederles, y así vinieron a ser más independientes del rey que no lo está el Parlamento de Inglaterra”.

Aceptado Felipe V como rey de Cataluña, los partidarios del archiduque no se resignaron y durante los primeros años de su reinado urdieron múltiples conspiraciones. Huelga decir que cada acción conspiratoria iba seguida de la correspondiente acción represiva hasta que, entre mayo y junio de 1705, la Plana de Vic (1) se levantó. El 20 de junio, Antoni de Peguera y Domènec Perera, apoderados de ocho nobles de Vic, firmaban en Génova con Mitford Crow, plenipotenciario de la reina Ana, un pacto para integrar Cataluña a los reinos aliados. En aquel pacto Inglaterra se constituía en garante del cumplimiento de las leyes y privilegios de Cataluña por parte de Carlos III, y los firmantes catalanes reconocían al archiduque como rey. Era el primer paso de la futura alianza de los catalanes contrarios a Felipe con las potencias que se habían propuesto contrarrestar la influencia francesa en Europa. Una apuesta arriesgada que había de comportar gravísimas consecuencias.

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(1) Actual comarca de Osona.

EL PROBLEMA CATALÁN (2)

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Este sentimiento tiene unas raíces profundas y está formado por elementos diversos que habría que buscar en la historia convulsa de las relaciones de Cataluña con España que, sin ir más lejos, se remonta al mito de la pérdida de las instituciones nacionales, abolidas por Felipe V tras la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. El relato de la defensa heroica de la capital catalana frente a las tropas felipistas y su sublimación como episodio épico de la defensa de las instituciones y de los derechos nacionales suprimidos por la fuerza de las armas del absolutismo borbónico, forma parte de la mitología popular que alimenta una cierta nostalgia por el paraíso perdido.

Pero como pasa a menudo con los mitos, la historia sólo se ha explicado en parte, hasta el punto que, en la actualidad, a nadie le interesa conocer la situación social, política y económica de la Cataluña de los últimos años del siglo XVII a pesar de ser un elemento esencial para entender los acontecimientos posteriores. 

Lo cierto es que la guerra contra Felipe IV, llamada “de separación”, que abarca el período 1640-1652 durante el cual los catalanes se sometieron a Lluís XIII de Francia en un intento de crear un estado independiente de España, había tenido su continuidad en la guerra de España contra Francia una vez reintegrada Cataluña a la corona española tras la firma de la paz de los Pirineos (1659). Ambos episodios supusieron veinte años de lucha inútil que dejaron a Cataluña exhausta, humillada y mutilada con la anexión a la corona francesa de las comarcas del Rosellón, el Vallespir, el Conflent y parte de la Cerdaña. 

A la muerte de Felipe IV, el reinado de su sucesor Carlos II continuó empobreciendo la región con la guerra de los Países Bajos y las constantes pugnas entre franceses y austríacos (entonces aliados de España contra Francia) por el control de Cataluña. Las escaramuzas con Francia fueron constantes y la paz fue rota en múltiples ocasiones, con la ocupación de Roses (1693) o los reiterados asedios de Girona (1675 y 1684) y la caída de esta ciudad, junto con Palamós, Hostalric y Castellfollit (1694), lo que dio lugar, a su vez, a múltiples episodios de paz y tregua (desde Aquisgrán en 1668 a Riswyck en 1697). 

A la muerte de Carlos II sin descendencia (1700), los años de penuria y de luchas interminables que se habían prolongado durante casi 60 años, habían generado entre los catalanes sentimientos de hostilidad contra Francia, resentimiento hacia Castilla y una fidelidad a la casa de Austria (a pesar de todo) que marcarían el destino de Cataluña prácticamente hasta la Constitución de 1978.

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EL PROBLEMA CATALÁN (1)

I. Los orígenes del mito

a) Eternamente insatisfechos

Desde la retirada de Jordi Pujol como Presidente de la Generalitat, después de 23 años de gobierno, en Cataluña se ha instalado la idea de que el país pierde peso político en el conjunto del estado y ve reducida su capacidad económica y financiera para hacer frente al gasto que origina la autonomía y el mantenimiento de los servicios públicos. Para encarar ambos retos la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario, excepto el PP, plantean como prioridades de su acción política la reforma del Estatuto y la mejora de la financiación, viendo en una y otra reivindicación la posibilidad de superar los límites del sistema de distribución de competencias entre el estado y las Comunidades Autónomas que surgió de la Constitución de 1978.

Más allá de la formulación de la propuesta de reforma no se puede obviar que, en el fondo de la misma, subyace la expresión de un sentimiento de frustración ante la evolución del estado de las autonomías y, muy especialmente, por la carencia de trascendencia práctica que ha tenido el hecho diferencial catalán en el conjunto de comunidades, aspecto éste que durante los primeros años de vigencia de la Carta Magna y del Estatuto parecía llamado a situar Cataluña en una posición política diferente a la del resto de Comunidades Autónomas.

Lo cierto es que en el actual momento de desarrollo del estado autonómico las comunidades creadas con posterioridad a los llamados territorios históricos (Cataluña, Euskadi y Galicia) cada vez son menos diferentes entre ellas. Tienen prácticamente las mismas competencias, disponen de recursos parecidos en relación a las potestades que han ido asumiendo y sus ciudadanos se van sintiendo cada vez más identificados con las instituciones autonómicas que van arraigando en el imaginario colectivo como propias, convirtiéndose en elementos de la identidad regional. Y esto, a algunos catalanes, les duele. No les gusta. Piensan que si las comunidades autónomas existen es gracias a ellos y que, tanto el hecho de haber sido los impulsores del sistema como la realidad histórica y cultural derivada de haber tenido unas instituciones, un derecho y una cultura propias, así como una lengua diferente a la castellana, les habría de dar derecho a mantener una cierta diferencia respecto de las autonomías recién llegadas. Es una manera de hacer explícita la voluntad de ser reconocidos como promotores del modelo que algunos denominan hecho diferencial, otros asimetría, pero que en el fondo sólo es la expresión de la voluntad de seguir siendo diferentes o de no ser iguales que el resto.

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(Original en lengua catalana, publicado en setiembre de 2004)

El problema catalán (0)

En el mes de setiembre de 2004, a las puertas de que se iniciara el debate del nuevo Estatut en el Parlament de Catalunya, publiqué un artículo con este título buscando las raíces del eterno descontento de los líderes políticos catalanes y de una parte de los ciudadanos sobre su, al parecer, aciago destino.

Escarbé un la historia con objeto de entender las claves de esta forma torturada en la que los catalanes se plantean su modo de ser y estar en el mundo, procurando navegar por los procelosos vericuetos del “encaje” de Catalunya en España desde el fiasco del compromiso de Caspe (1412) hasta hoy, sin prejuicios, ideas preconcebidas, ni estereotipos.

Ahora, tras afirmar el President de la Generalitat que “No me siento llamado a celebrar una cosa que va contra los intereses de Catalunya” (refiriéndose a la Constitución) para justificar su ausencia en los actos conmemorativos celebrados en las Cortes Generales el pasado 6 de diciembre, y escuchar las propuestas de Convergència i Unió relativas al denominado “pacto fiscal” me ha parecido oportuno hacer una nueva lectura del texto y completarlo con un par de adiciones.

Me propongo publicar el texto (15 páginas en total) en varias entregas. Tras la última, facilitaré el enlace para descargar el texto completo en formato pdf. 

Texto íntegro …

Texto íntegro del documento “Propuestas de bajo coste para la mejora de la administración de justicia” en:

http://es.scribd.com/doc/75884561/JUSTICIA

PROPUESTAS DE BAJO COSTE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (y 9)

4. Epílogo

4.1 LO QUE TAMBIÉN PODRÍA HACER LA JUSTICIA CON POCO COSTE

De la misma forma que la iglesia católica celebró el Concilio Vaticano II en la segunda mitad del siglo pasado para hacer una puesta al día de su discurso y de su liturgia (aggiornamento), a la justicia española le iría bien hacer algo semejante. Le conviene, no tanto como institución del estado, sino como servicio público, adaptar sus formas un tanto arcaicas al tiempo presente.

Parece evidente que ningún ciudadano acude a un juzgado o a un tribunal para obtener una perla de literatura jurídica sino para solucionar sus conflictos al punto que, al común de los mortales, no le importa en absoluto la capacidad científica del juez que haya de resolver su asunto, ni su erudición, ni sus dotes retóricas y, menos, su capacidad para citar lo que hayan dicho otros tribunales en asuntos más o menos parecidos al que le afecta. El justiciable acude a la justicia para obtener respuestas a los problemas que acucian a su persona y a sus derechos, y espera que las resoluciones sean breves, inteligibles y claras, tanto en sus fundamentos como en sus conclusiones.

Así de simple y así de complejo.

La justicia española, por tanto, haría bien en hacer un esfuerzo para descender del pedestal en el que está instalada para acercarse a los ciudadanos a los que sirve, asumiendo que para una persona normal y corriente una sentencia que no comprende es todo menos una solución a sus problemas.

PROPUESTAS DE BAJO COSTE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (8)

3.2 Mejora de la imagen corporativa

El aspecto de los documentos que emiten los juzgados y tribunales no contribuye precisamente a dar una buena imagen del sistema judicial. Formatos distintos, tipos y cuerpos de letra variados, marginación, paginación y justificación de lo más dispar, transmiten la viva imagen del caos. Tal parece que cada funcionario, según su gusto personal, emite los documentos como le parece, poniendo en evidencia la ausencia total de criterios homogéneos susceptibles de presentar a la justicia como una organización única, con una imagen corporativa definida y clara, fácilmente identificable en cada uno de los documentos que emite.

Para mejorar la imagen de la justicia es imprescindible reducir la variedad de formatos y estilos empleados y reducirlos a uno, único e inconfundible. Para ello solo se requiere la confección de un libro de estilo que establezca criterios comunes para todos los juzgados y tribunales y, eventualmente, la preparación de las correspondientes plantillas de documentos.

Además, al objeto de dar a las resoluciones definitivas la prestancia adecuada a su contenido, sería aconsejable que su formato fuera especialmente cuidadoso con la imagen que reflejan. Quizá no es necesario que reúnan los requisitos formales de una escritura notarial pero para revestirlas de la dignidad adecuada a su contenido, autos y sentencias deberían presentar un aspecto especialmente cuidado.

No puede ser que un ciudadano reciba una resolución con un contenido relevante para su vida o sus derechos con el aspecto de un papelote cualquiera. Un auto definitivo o una sentencia deben tener un aspecto que no desmerezca su contenido.

PROPUESTAS DE BAJO COSTE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (7)

3. Propuestas para la mejora de la imagen del servicio público de justicia

3.1 Proyección exterior de la Justicia

La administración de justicia, para llevar a cabo su cometido, dispone de los medios que tiene. Y esto, que es una verdad de Perogrullo, parece que resulta imposible de asumir para el conjunto del sistema. Seguro que tener más y mejores medios sería fantástico, pero la Justicia no los tiene y presumiblemente tampoco los tendrá a medio plazo. Pero tiene muchos a su disposición que son susceptibles de una gestión más eficiente.

En algunos casos la perfectibilidad es manifiesta, en otros es menos evidente pero, en cualquier caso, resulta bastante constatable que la justicia ha dedicado mucha energía a lamentar su suerte y muy poca a pensar en cómo podía aprovechar mejor los recursos que tiene a su disposición.

Sea como sea, la administración de justicia participa, como Jano, de dos realidades complementarias e indisociables: es un poder constitucional del Estado y es un servicio público. En el primer aspecto resulta ridículo que cualquiera de sus representantes aparezca públicamente lamentándose de los escasos medios materiales y personales de que dispone cuando el conjunto de la ciudadanía lo percibe como un privilegiado, dotado de poder suficiente como para encerrar en la cárcel a cualquiera que se le ponga por delante. En el segundo aspecto, la justicia es percibida como uno de los servicios públicos del estado de funcionamiento más deficiente, lento, costoso, críptico e imprevisible, de manera que, según las encuestas de opinión, merece una pésima consideración a la mayoría de ciudadanos.

Esta situación es absurda e injusta. Ni los jueces deben aparecer ante la opinión pública como unos pedigüeños, ni el servicio público de justicia, con la cantidad de asuntos que resuelve cada año, debe aparecer a los ojos de los ciudadanos como una rémora decimonónica y poco menos que inservible.

Para superar esta imagen deplorable de la administración de justicia es preciso cambiar el discurso. Por una parte, asumiendo que la realidad es la que es, y hacerlo con naturalidad, seriedad y rigor. A la justicia tal vez le iría mejor tener más y mejores medios, pero con los que tiene se basta y se sobra para ejercer sus funciones con la dignidad propia de uno de los poderes del Estado, al servicio de los ciudadanos. Por otra parte, asumiendo que sin el justiciable la administración de justicia no tiene razón de ser, lo menos que puede hacer es informar sobre lo que hace, sobre los resultados de su trabajo y sobre todo aquello que pueda ser de interés para la ciudadanía.

A tal efecto es imprescindible, inaplazable y urgente que, a nivel de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales se ejecute un plan de comunicación sistemático para dar a conocer, con periodicidad regular, los resultados de los órganos judiciales de su demarcación para que los ciudadanos sepan que, a pesar de todo, la justicia trabaja y da respuestas a los problemas de la gente. A veces a destiempo o con retraso, pero respondiendo siempre a las cuestiones que se le plantean.

PROPUESTAS DE BAJO COSTE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (6)

2.2 Aprovechar los escasos medios disponibles para mejorar la gestión

Últimamente parece que todas las soluciones a los problemas de la justicia deben venir de la implantación de la “nueva” oficina judicial, pero una nueva distribución de los recursos no solucionará por sí sola dos problemas de carácter técnico, y no orgánico, de necesaria solución. A saber:

1. El conocimiento de los flujos de trabajo y la organización de los recursos en función de los mismos.

2. La disponibilidad de un sistema de gestión documental que permita tratar grandes volúmenes de documentos con los actuales medios.

El éxito o el fracaso de la nueva oficina judicial dependerán de que sea capaz de propiciar un funcionamiento más eficiente del conjunto del sistema. Unificar todos los medios humanos y crear servicios comunes a todos los juzgados y tribunales de una determinada demarcación o especialidad constituirá, sin duda, un hito en la historia judicial española. Pero este esfuerzo debe ir acompañado de la “reingeniería” de los procesos. Si la justicia quiere mejorar su funcionamiento no puede seguir haciendo lo mismo que hace, ni seguir haciéndolo de la misma forma en que lo ha venido haciendo hasta ahora por muchos medios que emplee para ello. Tiene que “cambiar el chip”, superar la lógica derivada del uso de la máquina de escribir y la copia en papel cebolla (aunque ahora los escritos se confeccionen con medios informáticos), para pasar a un nuevo estadio en el que la telemática y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se incorporen al procedimiento judicial con naturalidad.

Hoy en día la mayoría de ciudadanos que quiere conocer el estado de su cuenta corriente o de ahorros no acude a la entidad financiera a consultar el “dossier” en el que supuestamente están los documentos que han sido contabilizados en ella para establecer el saldo, sino que se limita a consultar un extracto informático y a verificar con sus propias anotaciones si el mismo “cuadra” con sus cuentas. Y esto que se ha convertido en una forma de proceder mecánica y rutinaria, carente de todo misterio, incluso en el caso de los asientos efectuados únicamente por compensación electrónica, parece imposible de concebir en el ámbito judicial en el que los legajos de papel a menudo adquieren dimensiones inhumanas.

Pues lo que han hecho otros en sus respectivas actividades lo tiene que hacer la justicia sin excusas ni demoras. En la fase actual de incorporación de la tecnología al proceso, el fax y la fotocopiadora han sido los encargados de llevarse por delante las garantías propias del “documento” original, pasando a substituirlo por imágenes del mismo que en la mayoría de los casos se aceptan como si del original se tratara. Pues si el sistema ha sido capaz de adaptarse a esta suplantación, ahora tiene que dar un paso más y hacerse tan vulnerable como el resto de las organizaciones sustituyendo una buena parte de los papeles y trámites (incluidas las firmas) por bits, implantando un sistema de gestión documental que le permitan tratar grandes volúmenes de información con un mayor grado de automatismo y sin soporte físico, ello sin merma de las garantías de los justiciables.

Los medios para hacerlo, aunque anticuados, están instalados en todos los juzgados. Las soluciones técnicas y las aplicaciones para ponerlas en solfa hace años que existen en el mercado, han sido probadas con éxito y la inmensa mayoría ofrecen todas las garantías exigibles. Las hay para todos los gustos y solo se trata de escoger una de entre la multitud, aplicarla y liberar a la actual plantilla de personal de las funciones más tediosas e inútiles que le toca realizar para que pueda emplearse en lo que sea relevante para la justicia.