Después de que el Gobierno del Estado, por boca de su Vicepresidenta, anunciara su intención de impugnar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Constitucional por, entre otras razones, incluir la disposición adicional que le habilita para disponer de los fondos necesarios para la celebración del ya famoso referéndum, el Molt Honorable President se apresuró a replicar que «el gobierno español no podrá evitar» su celebración, añadiendo que, «aunque el gobierno español intente impedirlo, la Generalitat tiene absoluta capacidad legal y constitucional para consultar a la ciudadanía».
Hasta aquí los hechos tal como han trascendido a través de los medios de comunicación, de los que se desprende que la «operación diálogo», por lo que a la parte catalana respecta, no parece tener otro contenido que hablar del referéndum «sí o sí» mientras que la otra parte sigue imperturbable sin mostrar el más mínimo interés en hablar del tema.
Sea como fuere, lo que a simple vista es una salida de tono puede ser la causante de que, a no tardar, al Presidente catalán le salga el tiro por la culata pues resulta que su envite no parece tener en cuenta que el margen de maniobra de que dispone se ha reducido de forma dramática. En los primeros movimientos que realizó su predecesor para organizar el 9N no se habían producido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que todos conocemos y, tanto él como su gobierno, tenían un amplio margen para hacerse el longuis, tanto sobre sus competencias, como respecto de su deber de obediencia y otras minucias. Pero, con cada resolución que ha dictado el Tribunal Constitucional, el margen de interpretación del marco legal en que habría de producirse el dichoso referéndum ha ido reduciéndose, siendo en la actualidad prácticamente nulo.
Hoy no queda nadie en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ni en el Parlament que pueda alegar ignorancia sobre cuáles son las reglas del juego que regulan el tema por lo que, empeñarse en ignorarlas, es un suicidio, tanto más cuanto que el siguiente paso (caso de producirse) no consistirá sólo en desobedecer si no en usurpar las funciones que están atribuidas por la Constitución y las leyes a otros órganos del Estado.
Y ésta puede ser una situación muy peliaguda que, a diferencia de sus prolegómenos, puede dar lugar a que se arme la de Dios es Cristo.