La magnitud de la tragedia

En un artículo publicado recientemente (http://www.elcatalan.es/los-alcaldes-independentistas-esperan-junqueras-se-raje/), Joan López Alegre (el tertuliano tranquilo) ironiza sobre la alarma que ha cundido entre los Ayuntamientos catalanes sobre el no deseado éxito del procés por los efectos que podría tener la desconexión de Cataluña en las finanzas de las administraciones locales y provinciales.

Cifra el desastre en una pérdida de ingresos del orden del 40% y, siendo bastante ajustado el cálculo, pienso que donde realmente puede valorarse la catástrofe es en las cifras que proporciona el Ministerio de Hacienda y Función Pública en las liquidaciones semestrales que publica (http://www.minhafp.gob.es/esES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/LiquidacionDefinitiva.aspx). A mi modo de ver es a la vista de los números concretos que la cuestión presenta un dramatismo que los porcentajes a veces no reflejan con la suficiente crudeza.

El tema es bastante simple: por ley, el Estado entrega a los municipios y a las diputaciones provinciales (también a las comunidades autónomas) una parte de los impuestos que recauda. Ello afecta al IRPF, al IVA, a los impuestos que gravan la venta de alcohol y bebidas derivadas, a la cerveza, al tabaco, a los hidrocarburos y otros productos. En las liquidaciones periódicas se incluye, además, el Fondo Complementario de Financiación a las Provincias, la financiación de la Asistencia Sanitaria a favor de las Provincias y la compensación derivada del Impuesto sobre Actividades Económicas. En junto, una cantidad que da mareo verla.

Para ver el total a que asciende consulte los datos que aparecen en los enlaces adjuntos y calcule. No espere a que se lo cuenten, tómese una tila y véalos por si mismo.

Doy por supuesto que tratar sobre este tema y otros parecidos es, de acuerdo con el sentir del movimiento independentista, alimentar el discurso del miedo y probablemente desde su punto de vista tengan toda la razón, pero sólo hay que ver los números para darse cuenta de que la cuestión, más que de miedo, es de auténtico pánico puesto que, mientras los ciudadanos y las empresas estén sometidos al régimen fiscal del Estado y a su capacidad coercitiva ¿de dónde va a sacar la Agencia Tributaria catalana los recursos para suplir dichos ingresos? ¿Cuánto tiempo podrían subsistir los 948 municipios y las 4 diputaciones provinciales sin recibir el maná del Estado? ¿Y cómo podrían hacer frente a sus obligaciones de pago a sus trabajadores, proveedores, concesionarios y suministradores?

Supongo que no hay pregunta sin respuesta. Por lo que a mi respecta puedo asegurarles que ignoro cuál debe ser la manera de soslayar el problema. Sin duda le dirán que el Estado está obligado por ley a cumplir sus compromisos, pero yo no entiendo como le puede exigir un país extranjero a un país soberano que los cumpla, aunque sea una flamante república.

 

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