Breviario jurídico elmental para referendarios recalcitrantes

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(Otro intento bienintencionado, aunque imagino inútil, para que algunos de mis compatriotas no insistan en darse de bruces contra el sistema).

Para empezar, una verdad de Perogrullo: por ahora, Cataluña no es un estado independiente. Algunos desean que llegue a serlo, pero por ahora no lo es.

Tras una guerra civil y cuarenta años de dictadura los catalanes participaron con el resto de ciudadanos españoles en la redacción de la Constitución de 1978 y posteriormente la refrendaron. Fueron, por tanto, sujetos activos de la construcción democrática de la España actual y no son súbditos, si no ciudadanos iguales a cualquiera otro que goce (o sufra) la ciudadanía española.

Después de refrendar la Constitución, decidieron además que, al amparo de la misma, Catalunya se constituyera en comunidad autónoma, aprobando y refrendando el Estatuto de Autonomía de 1979. Podían no haberlo hecho, pero lo hicieron.

Desde entonces, las instituciones catalanas, el Parlamento y todo el entramado institucional de la Generalitat, han ejercido las competencias que les atribuye el “bloque constitucional”, formado por la Constitución y el Estatuto.

Ni el Parlamento ni el Gobierno autonómicos tienen ni han tenido desde entonces capacidad para salirse de dicho marco legal de manera que, cualquier cuestión que no esté expresamente incluída dentro de su ámbito competencial, no puede ser objeto de su actividad legislativa ni de su administración, salvo delegación expresa del que sea su titular.

Esto es así porqué el Parlamento de Cataluña tiene una soberanía derivada y, por tanto, limitada a las competencias que han sido transferidas por el Estado a la comunidad autónoma, mientras que la soberanía propiamente dicha reside en las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

A pesar de todo, hay catalanes que dicen no sentirse vinculados por la Constitución porqué no la han votado. Lamentablemente para ellos resulta que los diputados y todos los cargos públicos de la administración autonómica han tomado posesión de sus respectivos mandatos y cargos previa promesa o juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, aunque en algún momento su compromiso haya adoptado formas algo surrealistas.

Dicho lo anterior, es bastante evidente que no importa para nada lo que sientan algunos, puesto que la vigencia de las leyes no está sujeta a las querencias de los que están obligados a cumplirlas. Ni siquiera la ignorancia exime de su cumplimiento.

Por tanto, mientras Cataluña no sea un estado independiente, seguirá siendo una comunidad autónoma, y su Parlamento y su Gobierno seguirán estando sujetos a los preceptos de la Constitución que sus miembros han prometido o jurado cumplir, aunque por edad algunos no hubieran podido votarla

El hecho de que, con posterioridad a asumir el compromiso de respetar y hacer cumplir la Constitucióm, abdiquen de él no les confiere la titularidad de una soberanía distinta a la adquirida con su mandato al que, por supuesto, pueden renunciar cuando quieran.

Pero, mientras sigan ostentándo el cargo en las condiciones en que lo adquirieron, resulta elemental que cualquier intento que lleven a cabo para crear una realidad jurídica al margen de la constitucional, que es la que les da la legitimidad, es ilegal, por lo menos mientras no alcancen la independencia y, con ella, una legitimidad distinta. (1)

En consecuencia, la aprobación de la ley de referendum y de la ley de transitoriedad jurídica, aprobadas por el Parlamento de Cataluña los día 6 y 7 de setiembre de 2017, fueron actuaciones llevadas a cabo sin capacidad jurídica para hacerlo (sin ompetencia) y no tienen valor vinculante para nadie, ni siquiera para los que las votaron, y mucho menos para el Gobierno autonómico que, a pesar de ello, todo indica que se ha prendado de ellas.

Pero aún así, nada impide que cualquier acto realizado a su amparo sea, por definición, arbitrario i que, si quién lo lleve a cabo, incurre en alguna de las conductas tipificadas en el código penal cometa un delito.

Para mayor inri, el hecho de que lo cometa una autoridad o un cargo público, o que para su comisión se empleen medios de titularidad pública, tiene un plus de gravedad que, en una sociedad civilizada de nuestro entorno, suele ir aparejada con la correspondiente repulsa (y excuso decir lo que suele ocurrir en otro tipo de sociedades o en otro tipo de civilizaciones).

Es por este motivo que, aunque parezca duro que suceda, las autoridades legítimas tienen el deber de perseguir las acciones que se lleven a cabo contraviniendo las leyes y de adoptar cuantas medidas conduzcan a restaurar la legalidad y a neutralizar a sus autores (aunque parezcan autoridades), entre otras razones porqué los que siguen respetando la Constitución tienen derecho a esperar que el Estado obligue a los que en un momento u otro se han comprometido a cumplirla a que se atengan a sus mandatos, o que, en su caso, garantice la igualdad de todos ante la misma ley.

Lo contrario sería tanto como aceptar que la ley solo obliga a algunos y que, a su gusto, cualquiera puede sustraerse a su cumplimiento, lo que nos devolvería de regreso a la selva o a otra dictadura, cosa que estoy seguro que no desea ninguno de los que ansian poder votar en un proceso referendario que, por sanidad democrática, podría esperar.

(1) Legítimo: Conforme a las leyes. Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
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